Cazas norteamericanos y misiles rusos para el ejército turco

¿Renunciará Ankara a la compra del sistema de defensa antiaéreo ruso S-400?  ¿Estará en condiciones de compaginar el uso de armamento de fabricación rusa con el suministro de cazas de combate estadounidenses F-35? ¿Qué problemas de seguridad plantea la controvertida decisión del Presidente Erdogan de dotar las fuerzas armadas de su país de armamento producido por un “enemigo potencial” de la Alianza Atlántica? En resumidas cuentas: ¿puede la OTAN fiarse del hasta ahora “incondicional aliado” turco?

El jefe de la misión diplomática de Ankara en Washington, Serdar Kiliç, trató de apaciguar los ánimos del establishment político estadounidense, explicando que las armas de combate “amigas” – léase los aviones invisibles F-35 – no compartirán territorio con el sistema de defensa “enemigo”, los S-400. Un ejercicio de estilo poco convincente, para el cual el embajador tuvo que recurrir a un ejemplo concreto: la forzosa convivencia de armas rusas y norteamericanas en suelo sirio. ¿Compatibilidad? ¡Garantizada! El término “incompatibilidad” sólo fue empleado por la OTAN para disuadir a los turcos. En vano…

La solución ofrecida por las autoridades de Ankara es a la vez sencilla y… poco convincente. Aparentemente, los cazas y los sistemas antimisiles estarán estacionados en lugares bastante alejados para que los cohetes rusos no puedan alcanzar los aviones norteamericanos. Turquía piensa instalar el sistema antiaéreo ruso en la vecina Azerbaiyán, país con el que tanto Ankara como Moscú mantienen excelentes relaciones, y los cazas F-35, a una “distancia prudencial”, en el sur de Anatolia.

Los expertos militares occidentales no parecen muy propensos a aceptar esa argumentación, recordando que los misiles del S-400 pueden alcanzar objetivos en países europeos, como Bulgaria, Chipre o Grecia, aunque también algunas zonas de Israel.

De hecho, Washington está tratando de persuadir a Ankara que la compra de los S-400  representa una amenaza para la OTAN y para la interoperabilidad militar entre los estados miembros de la Alianza Atlántica. Turquía llamó la atención a su aliado transatlántico sobre el hecho de la los F-35 de la fuerza aérea israelí suelen sobrevolar Siria, donde los rusos cuentan con baterías de S-400, pero que ello no perturba a la Administración norteamericana. "Sin embargo, cuando Turquía trata de mejorar su sistema de defensa antiaérea, surgen problemas de interoperabilidad”, señala el embajador Kiliç, recordando que los S-400 estarán operados sola y únicamente por militares turcos.  

Para vencer las reticencias de Donald Trump y de los estrategas del Pentágono, el presidente Erdogan sugirió la creación de un grupo de trabajo sobre los sistemas de defensa rusos. Mas la propuesta fue recibida con cajas destempladas en la capital del imperio. De hecho, Washington amenazó en reiteradas ocasiones con imponer sanciones a Turquía por la adquisición de los S-400, insinuando incluso que suspendería la participación de Ankara en el programa de fabricación de cazas invisibles F-35.

Kathryn Wheelbarger, Subsecretaria del Departamento de Defensa de los Estados Unidos encargada de los Asuntos de Seguridad Internacional, estima que la materialización del contrato de venta del sistema S-400 tendría un efecto “catastrófico” para las relaciones futuras entre  Turquía y sus socios de la OTAN.

¿Armamento de fabricación rusa? ¿Falsos juicios salomónicos? Pero, ¿qué se han creído esos turcos; que son una auténtica potencia regional? preguntan los miembros del establishment militar estadounidense.

La respuesta de Ankara es… inequívoca.  Turquía no dará marcha atrás.

Netanyahu: aguantar hasta octubre

Al principio, todo parecía una artimaña del establishment político israelí, una crisis de Gobierno provocada con tal de ganar tiempo ante las prisas de un interlocutor empeñado en “vender” su producto – el tan cacareado “acuerdo del siglo” -  en este caótico mercado repleto de jeques, emires, ayatolás y rabinos, habituados a las incomprensibles e injustificadas prisas de Washington y a los fallos provocados por la precipitación de sus ingenuos negociadores. Un plan de paz. ¿Otro más? ¡Llamad a los dinamiteros! 

Sin embargo, esta vez la jugada – el jaque al rey - obedecía a otros motivos. Los protagonistas decidieron que el tiempo de Netanyahu se había agotado. El tiempo y las perspectivas de  supervivencia del veterano político israelí, acosado por la justicia de su país. Las querellas por fraude y corrupción presentadas por el Fiscal General del Estado judío planean, tal una espada de Damocles, sobre la cabeza del líder del Likud. La justicia optó por suspender las investigaciones hasta el mes de octubre, fecha en la cual Netanyahu deberá comparecer ante los tribunales. Con o sin inmunidad parlamentaria; poco importa. Las maniobras dilatorias de sus abogados sólo sirvieron para conseguir un largo período de gracia.

Siete semanas después de la celebración de las últimas elecciones generales, Benjamín Netanyahu optó por la disolución de la Kneset (Parlamento israelí) y la convocatoria de una nueva ronda de consultas. La actual mayoría parlamentaria obstaculiza la formación de un nuevo Gobierno.

   

La próxima cita electoral está prevista para el 17 de septiembre. “Sólo vamos a nuevos comicios porque Netanyahu quiere librarse de la cárcel”, insinúan los políticos laboristas.

No, no es este el único motivo.  Aparentemente, la decisión del Primer Ministro se debe al conflicto generado por la iniciativa del exministro de defensa, Avigdor Lieberman, judío moldavo ultraconservador, aunque laico, de promover una ley sobre el servicio militar, que implicaría el reclutamiento forzoso de los estudiantes de las Yeshivás (escuelas rabínicas), hasta ahora exentos del alistamiento. Estos estudiosos de la Torá representan un 11% de la población. Sus prerrogativas se remontan e la época del premier jefe de Gobierno israelí, David Ben Gurion, quien defendió en su momento, la necesidad de contar con un segmento de la población capaz de preservar la esencia religiosa del Estado.

La mayoría de los partidos tradicionales rechazaron la iniciativa de Lieberman, que cuenta con el apoyo de la inmigración rusa, alrededor de un millón de almas. Para neutralizar el proyecto, Netanyahu trató de forjar una alianza con las agrupaciones conservadoras, aunque también, en el último memento, con sus contrincantes directos: los laboristas. Todos los intentos fracasaron.

Sabido es que la Administración Trump esperaba los resultados de la consulta popular israelí para dar a conocer su “plan de paz” para Oriente Medio. La publicación del borrador se retrasó a raíz de la fiesta musulmana de Ramadán, que finalizará la próxima semana.

En principio, un primer encuentro, destinado a analizar los aspectos meramente económicos del “acuerdo del siglo” tendrá lugar en Bahréin a mediados de este mes. Washington ha decidido a acelerar el ritmo de las negociaciones, tratando de contrarrestar la posible ofensiva diplomática de la Autoridad Nacional Palestina, cuyos representantes recuerdan que la opinión del Gobierno de Ramala no queda reflejada en el documento elaborado por el yerno de Trump, Jared Kushner, judío practicante cuya familia tiene intereses económicos en Israel y los territorios ocupados. “Los americanos no se han molestado siquiera en hablar con nosotros”, recuerda el negociador jefe de la ANP, Saeb Erakat.

  

Por su parte, Donald Trump lamenta el embrollo, debido a la incapacidad de su amigo Netanyahu  “un gran tipo”, de formar Gobierno.

La crisis, ficticia o real, permitirá sin embargo a Israel preparar una batería de argumentos destinados a contrarrestar cualquier ofensiva diplomática árabe y, ante todo, palestina.

Aproximación al neo-otomanismo (IV)

“Europa será musulmana”

 ¿Se convertirá Turquía en miembro de pleno derecho de la Unión Europea? ¿Cuándo se podría materializar su integración?

Confieso que la doble pregunta, formulada por uno de mis lectores, me sorprendió. Al comprobar que no habíamos abordado el tema con bastante detenimiento, decidí corregir este lapsus.

Efectivamente,  las noticias sobre las negociaciones entre Ankara y la Unión Europea brillan por su ausencia. La última referencia se remonta al mes de marzo, cuando el Parlamento Europeo se pronunció a favor de la suspensión de las consultas, alegando el constante deterioro de los derechos políticos y sociales en Turquía tras la intentona golpista de 2016 y ante todo, el clima reinante en el país tras la proclamación del estado de excepción. No fue esta la primera vez en la que los legisladores comunitarios recomendaron la suspensión de los contactos con el Gobierno turco; a finales de 2016, tras el inicio de las purgas masivas llevadas a cabo contra militares, policías y miembros de la judicatura, acusados de pertenecer a organizaciones terroristas, el Parlamento Europeo optó por congelar el diálogo con Ankara, apostando por el advenimiento de… tiempos mejores.

     

¿Tiempos mejores? La verdad es que las relaciones entre Turquía y la UE registraron numerosos altibajos desde 1987, fecha en la que el Gobierno de Ankara solicitó oficialmente la plena incorporación de su país a la Unión. Bruselas puso una serie de condiciones que los turcos aceptaron paulatinamente. Se trataba de adecuar el sistema jurídico del país a la normativa comunitaria, modificar los códigos comerciales, respetar los derechos de las minorías, garantizar la libertad de prensa y, por último, aunque no menos importante, abolir la pena de muerte.

En marzo de 2003, poco después de su nombramiento de Recep Tayyip Erdogan en el cargo de Primer Ministro, el mandatario turco manifestó que su país estaba preparado para formar parte de la familia de la UE. Las negociaciones formales dieron comienzo en octubre de 2005.

El diálogo quedó interrumpido en numerosas ocasiones. Las crisis poco tenían que ver con los supuestos tecnicismos que obstaculizaban el camino. En realidad, los Gobiernos conservadores del Viejo Continente trataban de defender el acervo cultural (léase religioso) europeo, mientras que los progresistas – socialdemócratas y socialistas – hacían hincapié en la situación de los derechos humanos. En ambos casos, se trataba de meras maniobras dilatorias.

La situación ambigua se prolongó hasta la intentona golpista de 2016, obligando a los gobernantes de Ankara a buscar (y encontrar) otras soluciones.

Conviene señalar que la oleada de medidas represivas aplicadas después del golpe ha acrecentado el déficit democrático de la República de Turquía, incompatible con la tradición humanista del Viejo Continente. En abril de 2017, el Parlamento Europeo solicitó la suspensión formal del proceso de incorporación de Turquía a la Unión. En septiembre del mismo año, la Canciller alemana, Angela Merkel, manifestó que quería poner fin a las negociaciones con Ankara.

Pero fueron los resultados de las elecciones municipales cebradas el pasado 31 de marzo que supusieron el frenazo final de las consultas. Erdogan, que perdió el control de tres grandes ciudades – Ankara, Estambul y Esmirna – acabó convirtiéndose en rehén del ultranacionalista Partido del Movimiento Nacional, agrupación de extrema derecha poco proclive al acercamiento a Europa.

Los sondeos realizados últimamente  reflejan un notable descenso en el apoyo de la opinión pública turca al ingreso en la UE.  También ha descendido la aceptación de la candidatura turca en la mayoría de los Estados miembros de la UE. Sólo apoyan la cada vez más hipotética entrada de Turquía el 8% de los ciudadanos franceses, 5% de los alemanes, 5% de los daneses y 5% de los finlandeses.

El propio Erdogan advirtió que convocaría un referéndum para solicitar la opinión de sus conciudadanos acerca de una posible retirada de la candidatura de Ankara a la UE,  recordando que su país estaba harto de las humillaciones impuestas por la infiel Europa.

Huelga decir que la infiel Europa se ha convertido en el estereotipo comúnmente empleado por los políticos turcoa. Pero hay más. El periodista Burak Bekdil, columnista depurado después del golpe de 2016, se ha hecho eco recientemente de las declaraciones del diputado Alparslan Kavaklıoğlu, miembro del AKP y presidente de la Comisión de Seguridad e Inteligencia del Parlamento, quien advirtió a finales de 2018: Europa será musulmana. Y nosotros (los turcos) seremos efectivos en este proceso, si tal es la voluntad de Alá.

¿Será este el canto del cisne de la interminable pantomima comunitaria o, por el contrario, un primer parte de guerra?

Trump: el elefante en una tienda de porcelana

Si alguna metáfora sirve para definir las constantes de la política exterior de Donald Trump, esta sería, sin duda, la del “elefante en una tienda de porcelana”.  Animado por los impulsos intervencionistas de su principal asesor, el “halcón” John Bolton, el actual inquilino de la Casa Blanca estaría dispuesto a contemplar una acción militar contra el Gobierno de Nicolás Maduro y, ¿por qué no? un ataque relámpago contra los centros de investigación nuclear de la República Islámica de Irán. Un enfrentamiento armado en toda regla, susceptible de acabar con el ya de por sí frágil equilibrio estratégico de Oriente Medio.

En las últimas horas, Washington ha decidido reforzar su presencia en el Golfo Pérsico. Portaaviones, destructores, barcos de transportes de tropas, bombarderos B – 52, cazas F – 35, baterías de misiles Patriot fueron enviados en la región tras el anuncio por parte de Irán de reducir su compromiso con el acuerdo nuclear de 2015, denunciado unilateralmente por la Administración estadounidense hace exactamente un año.  Si bien Trump considera que la Casa Blanca tiene sobrados motivos para renunciar al Plan Integral de Acción (PIAC) negociado por las potencia internacionales – Norteamérica, Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China - con el régimen de los ayatolas y adoptar sanciones económicas contra el régimen iraní, la decisión de Teherán de responder con la misma moneda se torna en una imperdonable afrenta.

“Nosotros no tratamos de perjudicar a los iraníes”, se apresura a afirmar el Presidente de los Estados Unidos, quien añade, cambiando rápidamente de registro: “Si Irán quiere negociar, que me llamen”. Mientras, los refuerzos militares se dirigen hacia la Península Arábiga y las aguas territoriales de la República Islámica.

Al igual que en el caso de Venezuela, la Administración Trump comete el error de subestimar el poder de convocatoria de la cúpula iraní, alegando que el país se halla al borde de la bancarrota y que sus pobladores no dudarán en rebelarse contra el régimen autocrático de los ayatolas. Obviamente, los asesores de la Casa Blanca ignoran los sentimientos nacionalistas del pueblo iraní.

Huelga decir que gran parte de la responsabilidad por este estado de cosas recae sobre el Gobierno de Tel Aviv y, más concretamente, sobre el Primer Ministro Benjamín Netanyahu, heredero de la política de “mano dura” con Irán inaugurada hace dos décadas por su antecesor, Ariel Sharón. En efecto, Sharón fue el primero en exigir el desmantelamiento o la destrucción de las instalaciones nucleares iraníes, considerándolas un peligro potencial para la seguridad y la supervivencia del Estado judío. Sin embargo, la Administración estadounidense optó por hacer oídos sordos.

Netanyahu cogió el relevo a partir de 2012, cuando advirtió públicamente sobre el peligro del programa nuclear iraní. En una intervención ante el Congreso de los Estados Unidos, en marzo de 2015, el  mandatario israelí advirtió  afirmó que el acuerdo nuclear con Teherán no iba a impedir que Irán desarrolle armamento nuclear, sino más bien todo lo contrario. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca agilizó las relaciones con los ultraconservadores Israelíes.

Al anunciar su decisión de “reducir en compromiso” con el acuerdo nuclear de 2015,  los  iraníes se reservan el derecho de seguir almacenando uranio enriquecido y agua pasada, indispensables para la buena marcha de su programa nuclear y proseguir el desarrollo de misiles de corto y medio alcance, que podría alcanzar objetivos estratégicos tanto en la región -  Arabia Saudita o Israel – como en algunos países balcánicos – Rumanía, Bulgaria, Albania, Serbia.

Hay quien especula también con la renuncia al  Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) e incluso con la hipotética retirada del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.

Los estrategas de Washington temen un posible cierre del estrecho de Ormuz, lo que impediría el transporte de crudo procedente de otros países del Golfo. De ahí la aparente precipitación del Pentágono de reforzar la presencia naval estadounidense.

Los iraníes tratan de esquivar el boicot americano abriendo canales alternativos con sus aliados de siempre: Rusia, China y Turquía.

Europa, que facilitó el advenimiento de la República Islámica al participar activamente en 1978 al derrocamiento del Shá de Persia, se halla ante la disyuntiva de reimponer las sanciones económicas anunciadas por Trump o adoptar una serie de medidas destinadas a  proteger los intereses de sus multinacionales que operan en Irán: Total, Airbus, Siemens, Peugeot, eventuales damnificadas por la decisión de Washington. En este caso concreto, cabe la posibilidad de recurrir al llamado Estatuto de Bloqueo, elaborado por Bruselas para evitar las sanciones impuestas recientemente a Cuba, así como a un mecanismo de pagos para eludir el control financiero estadounidense.