"A mares revueltos..."

La batalla por la seguridad energética de Occidente ha convertido la región del Mar Negro en uno de los lugres más codiciados del planeta, donde rusos, americanos, europeos y asiáticos se libran una guerra sin cuartel por cada palmo de terreno. No; en este caso concreto, se trata de proteger los yacimientos de oro negro o de gas natural, auténticos tesoros que encierra el subsuelo de los nuevos Estados independientes de Asia Central, sino de hallar la ruta más segura para el transporte de los recursos energéticos hacia la vieja Europa. Hasta ahora, dos gigantescos proyectos enfrentaban a los grandes de este mundo: el South Stream, ideado y patrocinado por la petrolera rusa Gazprom y el consorcio italiano ENI y el Nabucco, oficialmente capitaneado por un consorcio germano-austríaco, que cuenta con el aval de los politólogos y los economistas norteamericanos y… comunitarios. En ambos casos, se trataba de buscar trayectos alternativos, capaces de eludir el territorio de Ucrania, país cuyos enfrentamientos con la Federación rusa provocó espectaculares “conflictos energéticos” que afectaron tanto a los Estados de Europa Oriental (Rumanía, Bulgaria, Polonia), como a los clientes occidentales de Moscú (Austria, Alemania, etc.)

Mientras el proyecto South Stream contempla el transporte de gas natural desde Siberia a Grecia e Italia a través de gasoductos submarinos que cruzan el Mar Negro, su competidor Nabucco apuesta por el traslado de la producción de Asia Central y el Mar Caspio, hacia Europa, atravesando el territorio de Turquía. Esta opción estratégica, avalada por poderosísimos grupos de presión anglosajones, pretende evitar el territorio ruso, garantizando la seguridad de los suministros energéticos de Occidente. Curiosamente, los antiguos miembros del Pacto de Varsovia – Bulgaria, Rumanía, Hungría – optaron por participar en ambos proyectos. El temor a los “duros inviernos” de mediados de la década obliga a los gobernantes de los antiguos paraísos socialistas a apostar por todas y cada una de las opciones existentes.

Pero hay más: a la ya de por sí complejísima batalla entre los grandes de la energía se sumó a finales del verano un tercer protagonista: se trata de la iniciativa AGRI, potenciada por los jefes de Gobierno de Azerbaiyán, Georgia y Rumanía, que prevé la exportación de gas natural azerí hacia Europa a través del puerto rumano de Constanza. Un proyecto muy ambicioso, que contempla el transporte del gas hacia la región costera de Rumanía –Estado miembro de la UE- donde se instalarían modernísimas refinerías. El coste de este ejercicio ascendería a unos 5.000 millones de dólares, cantidad prohibitiva para los actuales promotores de la iniciativa. Los analistas estadounidenses señalan, por su parte, que se trata más bien de un proyecto político, que carece, hoy por hoy, de viabilidad económica. De hecho, las autoridades de Ankara no tardaron en manifestar su rechazo frontal a la iniciativa azerí.

Ni que decir tiene que la multiplicación de las llamadas opciones geoestratégicas perjudica seriamente los intereses de las potencias hegemónicas del Mar Negro: Turquía y Rusia, relegadas en un segundo plano por los nuevos duendes encargados de velar por la seguridad energética de Occidente.

“Eso se parece cada vez más a una película del Oeste”, confesaba recientemente un veterano diplomático centroeuropeo, fundador de una de las mayores empresas de consultoría que se disputa los favores de los gobernantes de la región. “Sólo faltaría que los iraníes traten de sumarse a este disonante concierto”, añade. Lo cierto es que los emisarios de Teherán están llevando a cabo discretísimas consultas con las autoridades alemanas. Tampoco hay que extrañarse: la “relación especial” entre persas y germanos se remonta a las primeras décadas del siglo XX.

Ante el desconcierto general, los ayatolás han decidido jugar la baza de “a mares revueltos...”.

Rumanía: la nostalgia del pasado

Rumanía es, junto con Grecia, uno de los países comunitarios peor gestionados. Según los expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el país carpático tiene pocas probabilidades de salir de la profunda crisis económica en la que está inmerso en los próximos 2 a 3 años. Es lo que se desprende de las últimas proyecciones económicas del FMI, publicadas en vísperas de la reunión anual de los principales organismos financieros – Fondo Monetario y Banco Mundial – que se celebrará en Washington este fin de semana.
Las medidas de austeridad anunciadas en los últimos meses por el Gabinete de centro-derecha de Traian Basescu – reducción de los sueldos de funcionarios públicos, disminución de las pensiones, incremento de los impuestos directos e indirectos, etc.- han provocado una auténtica oleada de manifestaciones de protesta, organizadas por los sindicatos, las fuerzas de orden público, los jubilados, las agrupaciones independientes. Fue este el peor momento para idear y llevar a cabo un sondeo sobre la implicación de la opinión pública rumana en la vida política y la evaluación a posteriori del sangriento régimen comunista de Nicolae Ceausescu, derrocado en diciembre de 1989.
La encuesta, patrocinada por el Instituto para el Estudio de los Crímenes del Comunismo y la Memoria del Exilio Rumano, revela, en efecto, que para el 47 por ciento de la población el comunismo era un proyecto válido, que falló por culpa del… factor humano encargado de llevarlo a la práctica. Más aún, un 14 por ciento no critica siquiera los métodos empleados para la “materialización” del sistema socialista, mientras que un 27 por ciento considera que la idea en sí era errónea.
Para los desempleados, el sistema comunista tenía la “ventaja de eliminar la desocupación”, ofreciendo empleos estables. En este caso concreto, el porcentaje de nostálgicos es superior al 62 por ciento. Un 8 por ciento de los encuestados añora las “condiciones de vida decentes” que brindaba el antiguo régimen; un 5 por ciento estima que el comunismo ofrecía más igualdad social, mientras que un escaso 4 por ciento asegura que, dentro de todo, el marxismo era un… “buen sistema”. Sin embargo, el 69 por ciento denuncia la falta de libertad imperante en las llamadas “democracias populares”.
Mientras un 79 por ciento de los rumanos asegura que no ha padecido directamente los efectos del régimen comunista, el 47 por ciento asegura que el gobierno de Ceausescu se caracterizó por una elevada tasa de pobreza, escasez de alimentos y servicios públicos eficientes. Un 11 por ciento denuncia la confiscación de los bienes; un 6 por ciento, las detenciones; un 4 por ciento, la falta de libertades individuales; un 2 por ciento, las persecuciones políticas y un escaso 1 por ciento, la ausencia de perspectivas de desarrollo profesional.
Finalmente, conviene señalar que un tercio de los rumanos aprueba la gestión de Nicolae Ceausescu, mientras que un 15 por ciento estima que su política perjudicó los intereses del país. Para la mayoría - un 46 por ciento – el Gobierno del dictador “no fue ni bueno ni malo”.
El revelador sondeo pone de manifiesto las lagunas de un proceso de transición política excesivamente rápido, durante el cual se hizo caso omiso de un factor clave: la necesidad de potenciar el desarrollo del tejido social del país. En este contexto, el salto hacia la economía de mercado ha resultado demasiado costoso.
“Cada pueblo tiene el gobierno que se merece”, decía Carlos Marx. Pero no cabe la menor duda de que los rumanos se merecen algo mejor.