Con un acalorado debate ideológico
y varios episodios de violencia física finalizó el pasado lunes el debate
parlamentario sobre la modificación de la Ley Electoral turca. Finalmente, los diputados islamistas se
alzaron con la victoria: la nueva ley abre la vía al proceso de transición del
sistema parlamentarista, vigente en las últimas décadas, al presidencialismo,
que consolida el liderazgo del Jefe de Estado.
Los partidos de oposición laicos –
kemalistas, kurdos y comunistas – estiman que los 26 artículos de la nueva normativa legal facilitarán la
manipulación de las próximas elecciones generales y presidenciales, previstas
para noviembre de 2019. Los miembros del Partido Republicano del Pueblo (CHP),
agrupación de centro izquierda creada por Mustafá Kemal Atatürk, estiman que la
nueva ley afectará la transparencia del proceso electoral.
En efecto, la nueva normativa permite
fusionar los colegios electorales, trasladar las urnas de una circunscripción a
otra, validar las papeletas que carecen del sello oficial de los respectivos locales
de voto, practica poco ortodoxa denunciada durante el referéndum de 2017,
cuando el partido del presidente Erdogan logró una victoria muy ajustada con el
51,4 por ciento de sufragios a favor.
La nueva ley contempla la
creación de las hasta ahora prohibidas alianzas electorales, deseadas por el
minúsculo Partido de Acción Nacionalista (MHP), movimiento ultraderechista de
corte religioso, incapaz de alcanzar el 10 por ciento de los votos necesarios
para estar presente en la Cámara. Sin embargo, una posible y muy probable coalición
con el partido de Erdogan (AKP), le permitiría tener diputados en el
Parlamento, asegurando la mayoría a la corriente islámica.
Otro aspecto controvertido es la
presencia de las fuerzas del orden en los locales de voto, para “impedir
posibles maniobras intimidatorias” por parte del grupo armado kurdo PKK. Esa intervención podría producirse a petición de….¡una sola
persona!
Los diputados kurdos estiman que dicha
maniobra de los islamistas deja vislumbrar la perspectiva de elecciones anticipadas,
algo que el Gobierno descarta públicamente.
Por su parte, los kemalistas del Partido
Republicano del Pueblo amenazan con recurrir la ley ante el Tribunal
Constitucional. “El que hace la ley hace la trampa”, afirma el portavoz del
CHP. En este caso concreto, la trampa infringe el orden constitucional de la
República Turca.
Los comicios de 2019 serán claves
para reforzar el liderazgo del Partido para la Justicia y el Desarrollo (AKP),
liderado por Recep Tayyip Erdogan, o de
la coalición AKP – MHP, futuro “bloque islámico”. Ello le permitiría al
Presidente Erdogan perpetuarse en el poder hasta 2029 y modificar, una vez por
todas, la estructura del actual sistema político turco.