Israel: la moratoria más costosa

Hace un par de años, cuando Barack Hussein Obama asumió el cargo de Presidente de los Estados Unidos, decidió incluir en su lista de prioridades políticas la solución del conflicto de Oriente Medio. Una tarea sumamente difícil, si nos remitimos a los fracasos de otros estadistas norteamericanos que trataron, con la mayor buena fe o la máxima firmeza, acabar con el complejo conglomerado de problemas políticos, religiosos, étnicos o territoriales que oponen desde hace casi un siglo a las dos comunidades de pobladores de Palestina-Israel-Tierra Santa.
Los roces entre árabes y judíos se registraron ya en la segunda década del siglo pasado, cuando los oligarcas palestinos detectaron los primeros síntomas de colonización de las tierras administradas durante siglos por el sultán de Constantinopla. Curiosamente, la cohabitación forzosa, impuesta por los emisarios de la Sublime Puerta, dejó paso a una política de odio racial, fomentada por los funcionarios del servicio exterior británico encargados de administrar Palestina tras la caída y el desmembramiento del Imperio Otomano. Los ingleses se guiaban por la vieja máxima divide y reinarás. El final del mandato de Londres coincidió con el estallido de la primera guerra israelo-árabe, con el inicio de un conflicto armado que las grandes potencias de la postguerra fueron incapaces de gestionar. En efecto, hasta finales de la década de los 80, americanos y soviéticos compitieron en la búsqueda de “soluciones viables” susceptibles de poner punto final al conflicto intercomunitario. Sin embargo, los contrincantes – israelíes, árabes y palestinos – optaron por rechazar sistemáticamente sus propuestas. Todas o casi todas: los Acuerdos sellados en Camp David en 1978 y la Declaración de Principios de 1993, negociada discretamente en Oslo, parecían abrir la vía al diálogo entre hebreos y musulmanes.
Sin embargo, la invasión del Líbano (1982) y la llegada al poder de la derecha israelí (1997) tras el asesinato de Itzak Rabin, lograron acabar con las falsas esperanzas. Durante décadas, los palestinos recordaron las matanzas perpetradas en los campamentos beirutíes de Sabra y Shatila por las milicias cristianas libanesas con el beneplácito del entonces Ministro de Defensa israelí, Ariel Sharon, o la sensación de estrangulamiento impuesta por el establishment de Tel Aviv a los habitantes de Gaza y Cisjordania en la década de los 90.
Hay quien dice que Yasser Arafat cometió un grave error político al no proclamar la independencia de Palestina en 1999 ó 2000. Aparentemente, el raís estaba empeñado en buscar un… consenso.
Lo que sucedió después es harto conocido. Los sucesivos Gobiernos israelíes – tanto laboristas como conservadores – idearon un sinfín de maniobras dilatorias, basándose en la supuesta “irrelevancia” o “insolvencia” de los políticos palestinos. Durante los largos paréntesis de silencio, los gobernantes judíos aceleraron la colonización de los territorios ocupados, tratando de imponer a la comunidad internacional la política de los hechos consumados.
La reciente decisión del Gabinete Netanyahu de poner fin a la moratoria en la construcción de asentamientos provocó un fuerte malestar en la Casa Blanca. Para el 44º Presidente de los Estados Unidos, ello presupone una derrota personal. Washington recurrió, pues, por la estrategia de los parches diplomáticos con tal de no perder la cara. A cambio de una nueva moratoria de 90 días, la Secretaria de Estado Hilary Clinton se comprometió a regalar a los israelíes una veintena de aviones F-35, vetar toda resolución de las Naciones Unidas que avale el derecho de los palestinos a proclamar la independencia y permitir la colonización a pasos agigantados de Cisjordania si, al cabo de los tres meses de tregua, no se llega a acuerdos con los negociadores palestinos. Un precio éste demasiado elevado, que ningún Presidente estadounidense se habría comprometido a pagar.
Alguien me preguntó el otro día si, a mi juicio, israelíes y palestinos serían capaces de aprovechar estos 90 días para… hacer las paces. ¿Una proeza? ¿Un milagro? Tuve que recordarle a mi interlocutor que el conflicto étnico-territorial-religioso se remonta a las guerras entre hebreos y filisteos, a la “conquista” de la Tierra de Canaán por las tribus de Israel. Dicho esto, estimo que los comentarios sobran. Por superfluos…

Los cristianos de Oriente: entre la cruz y Al Qaeda

Los sangrientos ataques perpetrados en las últimas semanas contra miembros de la comunidad cristiana iraquí vuelven a poner de manifiesto el radicalismo y la intransigencia de Al Qaeda, cuyos cabecillas evocan abiertamente la necesidad de expulsar a los “herejes cristianos” de las tierras del Islam. Curiosamente, ello sucede en un país donde la discriminación religiosa estaba vetada por un conjunto de leyes sobre la “igualdad de las minorías étnicas”, promulgadas por el régimen laico de Saddam Hussein.
Conviene recordar que, durante siglos, las provincias que conforman el Irak moderno fueron pobladas por distintas comunidades cristianas. De hecho, la mayor parte de los cristianos iraquíes pertenece al grupo los asirios, que abrazó la fe de Cristo en los siglos 2º y 3º de nuestra era. La segunda comunidad por orden de importancia está integrada por los caldeos, étnia de cultura y expresión árabes. Menos numerosos son los siriacos ortodoxos y católicos, los armenios y los católicos romanos.
La relación de los cristianos y, ante todo, de la comunidad asiria con la rama iraquí de la monarquía hachemita que reinaba en Bagdad acabó generando la desconfianza y la ira de los musulmanes, tanto sunitas como chiitas. Durante los 35 años de gobierno del Partido Ba’az, los cristianos residentes en las zonas urbanas llegaron a ocupar puestos clave en los Gobiernos de Saddam Hussein y/o amasar grandes fortunas en el mundo de los negocios. ¿La procedencia del dinero? Las transacciones lícitas e ilícitas de la camarilla de Saddam, así como la corrupción reinante a todos los niveles de la Administración del Estado.
La violencia contra los cristianos volvió a desencadenarse a partir de 2004, tras la ocupación del país por las tropas de la coalición pro-occidental. Durante los primeros disturbios registrados en el barrio cristiano de Al Dora, los sunitas lanzaron un ultimátum a los pobladores: convertiros al Islam en un plazo de 24 horas o abandonad el país. Tres años más tarde, más de dos tercios de la población cristiana se había marchado Bagdad. Lo mismo sucedió en Mosul y Kirkuk, baluartes kurdos situados en el Norte del país. Los ataques contra los cristianos fueron perpetrados por las milicias sunitas y chiitas, por integrantes del Ba’az o grupúsculos de Al Qaeda, a los que se sumaron numerosa organizaciones criminales.
Huelga decir que la persecución de las comunidades cristianas no se debe sola y únicamente a la actitud más que benévola de las tropas occidentales para con esta minoría; también entran en liza algunos incidentes acaecidos fuera de la región. Las caricaturas que ridiculizaban al profeta Mahoma, publicadas en Europa en 2005 o las desafortunadas declaraciones del Papa Benedicto XVI sobre el Islam y los musulmanes de 2006, desembocaron en una serie de incidentes protagonizados por radicales islámicos y miembros de la comunidad asiria. Los intentos de crear una región autónoma cristiana en la planicie de Nínive fracasaron, pese a que el artículo 125 de la nueva Constitución iraquí garantiza los “derechos administrativos y políticos de las (distintas) nacionalidades”.
El pasado mes de junio, un grupo integrado por 76 líderes cristianos y representantes de otras etnias lanzó un llamamiento a favor de la protección de las minorías. Sin embargo, los derechos de la minoría cristiana siguen siendo violados sistemáticamente.
Pero el malestar viene de más antiguo. Desde la caída del Imperio otomano, en la década de los 20 del siglo pasado hasta los años 50, las comunidades cristianas protagonizaron la llamada “emigración política”, flujo migratorio resultante de los brotes de nacionalismo radical que acompañaron la creación de los Estados-nación en distintas regiones del ya desaparecido imperio.
Irak no es el único país musulmán sometido a la presión social de los islamistas. En los Territorios Palestinos sólo quedan 50.000 cristianos, es decir, un escaso 3 por ciento de la población. En 1920, había en Turquía más de 2 millones de cristianos. Actualmente, apenas quedan 200.000.
La situación es idéntica en la casi totalidad de los países árabes o musulmanes del contorno mediterráneo. ¿Pura casualidad o… sonada victoria de los radicales de Al Qaeda?

Alemania: la diplomacia y el Holocausto

“Aquí no ha pasado nada”, “no sabíamos nada”, “nosotros no colaboramos con el régimen”. Estas han sido, durante décadas, las respuestas de los alemanes, de muchos alemanes a las insistentes preguntas de los extranjeros acerca de la participación de los germanos en los crímenes perpetrados por el terror pardo instaurado por los nazis.

Curiosamente, después de 1945 en Alemania no se hallaban siquiera las huellas de los antiguos miembros del Partido Nacionalsocialista, de los miembros de las SS, de los verdugos de los campos de concentración o de exterminio, de los cómplices de la barbarie hitleriana. Extraño fenómeno de amnesia colectiva, que ocultaba un generalizado complejo de culpabilidad. Con el paso del tiempo, empezaron a circular leyendas sobre los llamados núcleos de resistencia anti-nazi, sobre la moderación o la actitud crítica de algunos de los jefes de los servicios de inteligencia, de algunas dependencias oficiales del Tercer Reich. Se habló concretamente de la postura muy independiente de algunos miembros del servicio exterior, “detractores” de la política nacionalsocialista. Pero el mito se derrumbó la pasada semana, cuando una comisión de historiadores dirigida por Eckart Conze e integrada por expertos alemanes, norteamericanos e israelíes entregó al titular de Exteriores, Guido Westerwelle, un informe de 900 páginas sobre la responsabilidad de la diplomacia alemana en el Holocausto. El documento, encargado en 2005 por el entonces responsable de la diplomacia de Bonn, Joshka Fisher, no deja títere con cabeza. En efecto, los historiadores estiman que la totalidad del servicio exterior estuvo involucrada en el Holocausto. ¿Ejemplos concretos? El estudio cita el caso de Werner von Bargen, alto cargo nazi que organizó la deportación de los judíos belgas, quien fue reintegrado en el Ministerio de Asuntos Exteriores en 1954 y nombrado poco después embajador en Irak. Al alcanzar la edad de jubilación, von Bargen fue condecorado con la Orden Federal de Merito. ¿Simple excepción? ¿Accidente histórico? No, en absoluto. También se da el caso de otro miembro de la carrera diplomática, destacado en Belgrado, que presenta una nota de gastos ocasionados por el Exterminio de los judíos. Más claro…

Señalan los autores del informe que en marzo de 1952, 49 de los 75 directores de la Cancillería eran antiguos miembros del Partido Nacionalsocialista. No hay que extrañarse, pues, al comprobar que las candidaturas de antiguos oponentes del régimen hitleriano fueron rechazadas por el departamento de personal del Ministerio.

Pero la presencia de los antiguos nazis en la administración del Estado no se limitaba al servicio diplomático. Llama la atención la actividad paralela de la llamada “célula de protección jurídica”, creada para defender los intereses de los prisioneros de guerra alemanes en el extranjero, que se había convertido en un órgano de inteligencia que facilitaba información a los antiguos criminales de guerra. El jefe de este departamento, Hans Galwik, antiguo fiscal nazi, ayudo a muchos correligionarios expatriados. De este modo, Klaus Barbie y Kurt Lishka recibieron información detallada sobre los países que no los habían colocado en la lista de los asesinos con orden de búsqueda y captura, de lugares donde no corrían el riesgo de ser extraditados.

¿Estaban al tanto de ello los antiguos jefes del servicio diplomático de Alemania occidental? Curiosamente, el Ministro de Exteriores, Willy Brandt, participó en el homenaje a un antiguo juez nazi, responsable de la muerte de 900 personas. Según su correligionario socialdemócrata y sucesor en el cargo, Frank-Walter Steinmeier, en la época de Brandt la cuestión de los criminales nazis no era un asunto prioritario.

Conviene recordar que ya en 1952 el Canciller federal Konrad Adenauer, primer jefe de la diplomacia alemana después de la Segunda Guerra Mundial, abogó en pro del nombramiento de profesionales cualificados en el servicio exterior, empleando las siguiente palabras: “no se puede reconstruir el Ministerio de Asuntos Exteriores sin contar en los puestos de dirección con profesionales que conozcan la historia; ello significa que es preciso acabar con la mini-caza de los nazis”.

El informe redactado por la comisión de historiadores pone en tela de juicio el “buenismo” de los padres de la democracia germana. Si bien los nazis de la época hitleriana han muerto, actualmente aflora en el Viejo Continente una extrema derecha que hace suyo el ideario de los regímenes autoritarios de los años 30. Y ¿aquí no ha pasado nada?

"A mares revueltos..."

La batalla por la seguridad energética de Occidente ha convertido la región del Mar Negro en uno de los lugres más codiciados del planeta, donde rusos, americanos, europeos y asiáticos se libran una guerra sin cuartel por cada palmo de terreno. No; en este caso concreto, se trata de proteger los yacimientos de oro negro o de gas natural, auténticos tesoros que encierra el subsuelo de los nuevos Estados independientes de Asia Central, sino de hallar la ruta más segura para el transporte de los recursos energéticos hacia la vieja Europa. Hasta ahora, dos gigantescos proyectos enfrentaban a los grandes de este mundo: el South Stream, ideado y patrocinado por la petrolera rusa Gazprom y el consorcio italiano ENI y el Nabucco, oficialmente capitaneado por un consorcio germano-austríaco, que cuenta con el aval de los politólogos y los economistas norteamericanos y… comunitarios. En ambos casos, se trataba de buscar trayectos alternativos, capaces de eludir el territorio de Ucrania, país cuyos enfrentamientos con la Federación rusa provocó espectaculares “conflictos energéticos” que afectaron tanto a los Estados de Europa Oriental (Rumanía, Bulgaria, Polonia), como a los clientes occidentales de Moscú (Austria, Alemania, etc.)

Mientras el proyecto South Stream contempla el transporte de gas natural desde Siberia a Grecia e Italia a través de gasoductos submarinos que cruzan el Mar Negro, su competidor Nabucco apuesta por el traslado de la producción de Asia Central y el Mar Caspio, hacia Europa, atravesando el territorio de Turquía. Esta opción estratégica, avalada por poderosísimos grupos de presión anglosajones, pretende evitar el territorio ruso, garantizando la seguridad de los suministros energéticos de Occidente. Curiosamente, los antiguos miembros del Pacto de Varsovia – Bulgaria, Rumanía, Hungría – optaron por participar en ambos proyectos. El temor a los “duros inviernos” de mediados de la década obliga a los gobernantes de los antiguos paraísos socialistas a apostar por todas y cada una de las opciones existentes.

Pero hay más: a la ya de por sí complejísima batalla entre los grandes de la energía se sumó a finales del verano un tercer protagonista: se trata de la iniciativa AGRI, potenciada por los jefes de Gobierno de Azerbaiyán, Georgia y Rumanía, que prevé la exportación de gas natural azerí hacia Europa a través del puerto rumano de Constanza. Un proyecto muy ambicioso, que contempla el transporte del gas hacia la región costera de Rumanía –Estado miembro de la UE- donde se instalarían modernísimas refinerías. El coste de este ejercicio ascendería a unos 5.000 millones de dólares, cantidad prohibitiva para los actuales promotores de la iniciativa. Los analistas estadounidenses señalan, por su parte, que se trata más bien de un proyecto político, que carece, hoy por hoy, de viabilidad económica. De hecho, las autoridades de Ankara no tardaron en manifestar su rechazo frontal a la iniciativa azerí.

Ni que decir tiene que la multiplicación de las llamadas opciones geoestratégicas perjudica seriamente los intereses de las potencias hegemónicas del Mar Negro: Turquía y Rusia, relegadas en un segundo plano por los nuevos duendes encargados de velar por la seguridad energética de Occidente.

“Eso se parece cada vez más a una película del Oeste”, confesaba recientemente un veterano diplomático centroeuropeo, fundador de una de las mayores empresas de consultoría que se disputa los favores de los gobernantes de la región. “Sólo faltaría que los iraníes traten de sumarse a este disonante concierto”, añade. Lo cierto es que los emisarios de Teherán están llevando a cabo discretísimas consultas con las autoridades alemanas. Tampoco hay que extrañarse: la “relación especial” entre persas y germanos se remonta a las primeras décadas del siglo XX.

Ante el desconcierto general, los ayatolás han decidido jugar la baza de “a mares revueltos...”.

Rumanía: la nostalgia del pasado

Rumanía es, junto con Grecia, uno de los países comunitarios peor gestionados. Según los expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el país carpático tiene pocas probabilidades de salir de la profunda crisis económica en la que está inmerso en los próximos 2 a 3 años. Es lo que se desprende de las últimas proyecciones económicas del FMI, publicadas en vísperas de la reunión anual de los principales organismos financieros – Fondo Monetario y Banco Mundial – que se celebrará en Washington este fin de semana.
Las medidas de austeridad anunciadas en los últimos meses por el Gabinete de centro-derecha de Traian Basescu – reducción de los sueldos de funcionarios públicos, disminución de las pensiones, incremento de los impuestos directos e indirectos, etc.- han provocado una auténtica oleada de manifestaciones de protesta, organizadas por los sindicatos, las fuerzas de orden público, los jubilados, las agrupaciones independientes. Fue este el peor momento para idear y llevar a cabo un sondeo sobre la implicación de la opinión pública rumana en la vida política y la evaluación a posteriori del sangriento régimen comunista de Nicolae Ceausescu, derrocado en diciembre de 1989.
La encuesta, patrocinada por el Instituto para el Estudio de los Crímenes del Comunismo y la Memoria del Exilio Rumano, revela, en efecto, que para el 47 por ciento de la población el comunismo era un proyecto válido, que falló por culpa del… factor humano encargado de llevarlo a la práctica. Más aún, un 14 por ciento no critica siquiera los métodos empleados para la “materialización” del sistema socialista, mientras que un 27 por ciento considera que la idea en sí era errónea.
Para los desempleados, el sistema comunista tenía la “ventaja de eliminar la desocupación”, ofreciendo empleos estables. En este caso concreto, el porcentaje de nostálgicos es superior al 62 por ciento. Un 8 por ciento de los encuestados añora las “condiciones de vida decentes” que brindaba el antiguo régimen; un 5 por ciento estima que el comunismo ofrecía más igualdad social, mientras que un escaso 4 por ciento asegura que, dentro de todo, el marxismo era un… “buen sistema”. Sin embargo, el 69 por ciento denuncia la falta de libertad imperante en las llamadas “democracias populares”.
Mientras un 79 por ciento de los rumanos asegura que no ha padecido directamente los efectos del régimen comunista, el 47 por ciento asegura que el gobierno de Ceausescu se caracterizó por una elevada tasa de pobreza, escasez de alimentos y servicios públicos eficientes. Un 11 por ciento denuncia la confiscación de los bienes; un 6 por ciento, las detenciones; un 4 por ciento, la falta de libertades individuales; un 2 por ciento, las persecuciones políticas y un escaso 1 por ciento, la ausencia de perspectivas de desarrollo profesional.
Finalmente, conviene señalar que un tercio de los rumanos aprueba la gestión de Nicolae Ceausescu, mientras que un 15 por ciento estima que su política perjudicó los intereses del país. Para la mayoría - un 46 por ciento – el Gobierno del dictador “no fue ni bueno ni malo”.
El revelador sondeo pone de manifiesto las lagunas de un proceso de transición política excesivamente rápido, durante el cual se hizo caso omiso de un factor clave: la necesidad de potenciar el desarrollo del tejido social del país. En este contexto, el salto hacia la economía de mercado ha resultado demasiado costoso.
“Cada pueblo tiene el gobierno que se merece”, decía Carlos Marx. Pero no cabe la menor duda de que los rumanos se merecen algo mejor.

El "enemigo" está en casa

Radicales islámicos formados y entrenados en los Balcanes podrían trasladarse fácilmente a Europa occidental a partir del primer semestre de 2011, es decir , tras la ampliación del “espacio Schengen” a los últimos Estados que ingresaron en la Unión Europea – Bulgaria y Rumanía.
La advertencia llega a través de máximos exponentes políticos y religiosos de Bulgaria y Macedonia, quienes denuncian la presencia de grupúsculos integristas agresivos en el llamado “triangulo fundamentalista” establecido en los confines de Macedonia, Bosnia y Bulgaria por emisarios del wahabismo saudí. La noticia saltó a la palestra hace unos días, tras la difusión en Internet de una película mostrando a musulmanes albaneses en un homenaje a… ¡Osama Bin Laden! Sin embargo, las comunidades islámicas de la zona aseguran que los radicales saudíes llevan más de una década en los Balcanes, dedicándose a la formación de núcleos fundamentalistas.
Jakúb Selimovski, responsable de los programas de estudios religiosos de la comunidad musulmana Macedonia, se trata de un asunto grave. “Es sólo la punta visible del iceberg”, señala, denunciando, no sin reparos las luchas intestinas en el seno de la comunidad entre la tradicional corriente moderada y el ala radical – “wahabita” – que trata de apoderarse de las instituciones islámicas.
Aunque la aparición de los radicales indoctrinados por emisarios de la corriente ultraconservadora saudí se remonta a más de una década, la proliferación de los grupúsculos wahabitas en los Balcanes no parece haber inquietado sobremanera a las autoridades bosnias, primer país-refugio del núcleo duro de la hornada integrista. Con el paso del tiempo, los “instructores” saudíes se fueron trasladando a la vecina Macedonia, antes de penetrar en Bulgaria, país miembro de la UE, donde la sexta parte de la población profesa la fe islámica.
Oficialmente, las autoridades de Macedonia niegan la existencia de esos grupúsculos, muy activos - según los informes elaborados por los servicios de inteligencia occidentales - en Bosnia, Kosovo, Serbia y Croacia.
Por su parte, el ex Gran Muftí de Bulgaria, Nedim Gendzhev, recuerda que ya en la década de los 90 grupos musulmanes “extranjeros” financiaron la construcción de 150 mezquitas en suelo búlgaro. Asegura el líder religioso que, en realidad, se trataba de crear centros de formación coránica controlados por los saudíes. Pero hay más: los politólogos búlgaros revelan la existencia y funcionamiento en el país de siete escuelas coránicas “clandestinas”, no inscritas en los registros de los Ministerios de Educación y Cultos o Interior. En los últimos 20 años, pasaron por estos centros de formación religiosa más de 3.000 jóvenes musulmanes.
En Serbia, la Justicia condenó el año pasado una docena de militantes wahabitas de la región de Sandjak a penas de 13 años de cárcel. Se les acusaba de preparar un atentado contra la embajada de los Estados Unidos en Belgrado. En Bosnia, mientras el Islam oficial niega la existencia de grupúsculos radicales de corte saudí, la comunidad serbia no disimula su preocupación ante los brotes de radicalismo wahabita. Mientras, la comunidad musulmana asegura que los integristas no lograron apoderarse de las estructuras oficiales.
En resumidas cuentas, mientras la case política de Tel Aviv trata de persuadir a Occidente que el verdadero peligro islámico proviene del Irán chiíta, los países de la UE acaban de descubrir, a su gran asombro, una amenaza mucho más cercana: la presencia del Islam radical en los Balcanes. El enemigo está en casa…

Turquía: ¿entre Europa y la “república islámica”?

El Primer Ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, logró un sólido apoyo popular para el proyecto de reformas aprobado en consulta popular el pasado fin de semana. El efecto, el 58 por ciento de los votantes se pronunció a favor de los cambios constitucionales sugeridos por el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), agrupación político-religiosa cuyo programa de gobierno hecho público antes de las elecciones generales de 2002 propugna la “remusulmanización de Turquía y la islamización de la diáspora residente en Occidente”. Curiosamente, los detractores de la opción ideológica defendida por Erdogan no escatiman esfuerzos para denunciar, véase condenar, la llamada “agenda oculta” de los islamistas turcos, dispuestos, según ellos, a convertir el país en… ¡una república islámica! Pero los partidarios del AKP insisten: “no hay conjura ni proyecto secreto; el programa de gobierno es transparente”.
Conviene recordar que el país otomano, eterno candidato al ingreso en la Unión Europea (uno de los más antiguos, por cierto, ya que los gobernantes de Ankara iniciaron las maniobras de acercamiento a las instituciones de Bruselas en… 1964) cuenta con un sinfín de detractores en el seno de la clase política europea. Si para el establishment de centro-derecha (conservadores, liberales, democristianos) la adhesión de Turquía no es deseable, por tratarse de un país… ¡musulmán! con una población de más de 70 millones, los partidos de izquierdas (socialdemócratas, socialistas, ecologistas, comunistas) alegan que los turcos siguen sin cumplir los requisitos básicos de las democracias occidentales: respeto de los derechos humanos, reconocimiento de la identidad de las minorías étnicas (léase, la poco minoritaria minoría kurda, que aglutina a 15 millones de personas). Los indecisos, que también los hay, se limitan a afirmar rotundamente “¿Turcos en la Unión Europea? ¡Jamás!”. Es una reacción visceral; los indecisos son incapaces de formular una respuesta coherente. Y es que en este caso concreto, los indecisos parecen muy… decididos.
Entre los 26 cambios constitucionales aprobados el pasado fin de semana destacan: la protección legal de los niños, huérfanos y viudas, la ampliación de los derechos laborales y sindicales de los funcionarios públicos, la modificación de las estructuras del Tribunal Constitucional y el Superior del Poder Judicial, la abrogación de la normativa legal que garantizaba la inmunidad de los militares artífices del golpe de Estado de 1980, la autoridad de los tribunales civiles a la hora de juzgar delitos perpetrados por miembros de las Fuerzas Armadas, etc.
Aunque la mayoría de los cambios van en “la buena dirección” (Bruselas dixit), algunos analistas estiman que el conjunto de medidas propuestas por el actual Gabinete de corte islámico puede interpretarse como un duro golpe contra las estructuras kemalistas de la República Turca, un intento de acabar con el sistema introducido por Kemal Atatürk en 1923 y con las correspondientes “válvulas de escape” que garantizan las estructuras laicas del Estado. Pero de ahí hasta resucitar el fantasma de la “república islámica” hay un verdadero abismo.
En los últimos años, el autor de estas líneas ha tenido ocasión de entrevistar a numerosos personajes públicos del país otomano, de contrastar sus pareceres respecto a este “Estado dentro del Estado” que es, para algunos, la cúpula castrense turca. “Hay que conseguir que los militares accedan en compartir en poder con los civiles”, confesaba un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores turco encargado de las negociaciones con Bruselas. “Por favor, que los europeos no toquen a nuestras Fuerzas Armadas. Hoy por hoy, los militares son el único estamento organizado, disciplinado, coherente, capaz de llevar a cabo una política basada en los intereses de Estado”, afirmaba el director de uno de los más prestigiosos centros de estudios sociales, un politólogo formado en las universidades occidentales. Opiniones para todos los gustos...
La victoria de Erdogan, aplaudida en Bruselas, ha polarizado a la sociedad turca. Mientras la mitad de la población estima que Turquía conserva la voluntad y la esperanza de lograr su meta: el ansiado ingreso en el concierto de las democracias occidentales, la otra mitad teme que los cambios de hoy podrían abrir la vía a otras reformas, menos amables, vinculadas a la “agenda oculta” de los islamistas del AKP. Mientras, los detractores del sueño europeo de los 72 millones de otomanos, prefieren concederle a Erdogan el… ¡beneficio de la duda! Los comentarios sobran.